Gobierno y Congreso alcanzan acuerdo por el Presupuesto 2023: más inversión pública, agilizar PGU y fondos para desempleo

Finalmente y luego de cuatro maratónicas jornadas, el gobierno, el oficialismo y la oposición en el Congreso alcanzaron un acuerdo para reponer una serie de partidas del Presupuesto 2023, allanando la tramitación del primer erario de la administración de Gabriel Boric.

El protocolo de acuerdo firmado entre las partes, de nueve páginas de extensión, establece una serie de compromisos entre las partes en áreas como regiones, salud, educación, reactivación económica y empleo.

"El objetivo y voluntad común expresada en el siguiente protocolo compromete acciones de gestión administrativa y legislativa con el propósito de la mejora continua de las políticas públicas para contribuir a una prestación de servicios oportuna, eficiente y eficaz de parte del Estado a la ciudadanía", señala el documento.

Un primer punto se relaciona con la inversión pública, donde se mantendrán las medidas que han acelerado la ejecución durante este año, como por ejemplo mantener el límite de 20% del costo para la adjudicación en licitaciones, el índice polinómico en los contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el mecanismo de reevaluación expedita para proyectos en ejecución.

Adicionalmente, el protocolo establece que desde enero del 2023 se actualizarán las normas, instrucciones y procedimientos para el proceso de inversión pública (NIP), "a fin de reducir los tiempos de tramitación, manteniendo la rigurosidad técnica de la evaluación social". Asimismo, se actualizarán las metodologías, para incorporar la proporcionalidad en la tramitación de proyectos de inversión pública.

También, se presentará una propuesta de modificación a la metodología de evaluación social en materia de pequeños embalses, a fin de reducir los tiempos de tramitación, la cual deberá presentarse a más tardar en julio del 2023.

El documento explicita que se creará un comité de seguimiento de la inversión pública dependiente del Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que monitoree el avance en inversiones en los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Salud, Deportes, Gobiernos Regionales, entre otros.

A su vez, se dispondrán recursos desde el Fondo de Infraestructura para el Desarrollo para ejecutar proyectos de inversión de la Comisión Nacional de Riego, Áreas Protegidas de la Conaf y para el Reconocimiento Oficial de los Jardines Vía Transferencias de Fondos (VTF) en la medida que tengan avances significativos en su ejecución.

Ante el debate sobre los fondos de los Gobiernos Regionales (Gores), el acuerdo contempla suplementarles recursos según la ejecución de inversión que alcancen al primer trimestre de 2023. Este suplemento de recursos se implementará mediante convenios de desempeño de ejecución entre los Gores y la Dirección de Presupuestos (Dipres). Los recursos provendrán del Fondo de Infraestructura para el Desarrollo.

El debate por la PGU

Uno de los principales puntos de discusión durante el trámite fue la ampliación del monto y cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), así como la polémica por la postulación de los beneficiarios.

Por lo mismo, fue uno de los principales temas acordados en el protocolo. En específico, se ingresará, una vez aprobada la ley de Presupuestos 2023, una iniciativa legal destinada a permitir el acceso a las personas que, por diversas razones, no han postulado a la PGU a la que tendrían acceso desde agosto de 2022.

Adicionalmente, se buscará agilizar los procesos de postulación, evaluación, aprobación y concesión de la PGU, a través de cuatro medidas a implementar por el Instituto de Previsión Social (IPS).

La primera será la notificación directa mediante cartas, mensajes de textos y mensajes telefónicos a personas beneficiarias con datos de contacto, para motivarlas a hacer su solicitud. La segunda será desarrollar una iniciativa denominada “PGU en tu barrio", correspondiente a operativos en barrios para recibir solicitudes en lugares públicos y llegar a personas con dificultades para realizar el trámite. Por ejemplo, adultos mayores con problemas de movilidad por situaciones de salud.

En tercer lugar, se aumentará el apoyo a los municipios en lo relativo a las consultas web por Rut de personas beneficiarias, para orientar a los vecinos y vecinas que no han realizado la solicitud de la PGU. Por último, se facilitarán las solicitudes de la PGU en locales de pago presencial de pensiones, con capacidad para su implementación, y así ampliar los puntos de recepción de solicitudes en el país, adicional a los actuales locales de recepción, que corresponden a los municipios, las sucursales Chile Atiende y las sucursales de las AFP y compañías de seguros.

Salud, reactivación y empleo

En materia social, se conformará una mesa de trabajo para mejorar la cobertura, calidad, oportunidad y transparencia del Registro Social de Hogares (RSH). También se incrementaron en $ 1.000 millones los recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza.

También, se acordó que el Programa de Contingencias contra el Desempleo permitirá el uso de sus recursos cuando en una o más regiones o determinadas provincias o comunas se registre una tasa de desocupación igual o superior al 8%, precisando que, en el caso de las comunas, esto se activará, aunque el porcentaje de la región o provincia sea inferior a este.

En salud, se aumentará a $ 10.000 el monto per cápita en la atención primaria, uno de los principales focos de diferencias entre las partes.

Mientras que en reactivación económica, se diseñará un Plan Nacional de Turismo que contemple infraestructura, ofertas de nuevos productos, campañas y demás incentivos para fortalecer el turismo. Y respecto del “Programa de apoyo a las víctimas de violencia rural” financiado por la Subsecretaría de Interior, el gobierno se compromete a revisar y flexibilizar los requisitos de postulación "a fin de facilitar el acceso al mismo".

El protocolo también contempla mayores recursos en materia de seguridad ciudadana, vía Carabineros, Ministerio Público, Bomberos, y el Plan Nacional contra el Crimen Organizado y el programa "Microtráfico 0"; agricultura campesina; cultura; educación secundaria y superior; transporte público en regiones; y medidas a favor de la transparencia y control en el gasto público, por citar algunas.

Satisfacción en Hacienda

“Creo que hemos tenido una discusión muy constructiva en la Comisión Especial Mixta. Hay algunos temas que están recogidos en este protocolo, que van a motivar indicaciones en la sala de la Cámara de Diputados. En ese trámite vamos a tener una primera instancia para ir cumpliendo algunos de los compromisos que se han hecho, pero el grueso son temas que involucran estudios, mesas de trabajo, reformas y que se van a ir desarrollando en el curso del año”, explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien agradeció especialmente el trabajo realizado por la directora de Presupuestos y la subsecretaria General de la  Presidencia.

La misma titular de la Dipres, Javiera Martínez, sostuvo que “el acuerdo aborda materias que refuerzan los ejes centrales del proyecto de ley de Presupuestos 2023, junto con asegurar un mejor gasto público”.

junto con agradecer al equipo de la repartición, agregó que hasta el momento "se ha dado un buen trabajo entre el Ejecutivo y el Congreso” y señaló que la conversación “ha sido bastante constructiva”